Ya hace dos años que el Gobierno de Cataluña lleva un retraso de más de 12 meses en el pago de las subvenciones en materia de cultura, lo que ha hecho que muchos proyectos hayan tenido que cerrar, reducir a mínimos su actividad o pedir créditos con avales personales. Este año, además, las convocatorias de subvenciones incorporan un nuevo precepto en el que pone por manifiesto que la concesión definitiva de una subvención no es ninguna garantía de cobrar la ayuda.
A continuación, el comunicado público del sector de la cultura ante esta situación de desmantelamiento, fruto de la aplicación de ciertas políticas culturales, al cual se adhiere el equipo de Teatron, afectado por esta situación.
Para más información, para adherirse al comunicado y para consultar el listado de firmas actualizadas:
http://comunicatadhesions.wordpress.com/
Comunicado
Las nuevas disposiciones derivadas de la ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, especifica que las subvenciones otorgadas, pueden ser revisadas y modificadas total o parcialmente, para salvaguardar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Además, se ha añadido una disposición transitoria que introduce la posibilidad de modificar las resoluciones de concesión, es decir, las subvenciones ya aprobadas y concedidas. Con esta disposición, la concesión definitiva de una subvención no es ninguna garantía de cobrar esta ayuda , y coloca a las entidades y personas receptoras en una situación contraria al principio de seguridad jurídica.
Los abajo firmantes alertan que esta disposición abre la puerta a situaciones imposibles de resolver por parte de los actores culturales en Cataluña y, por tanto, al empobrecimiento radical de la creatividad y de la cadena de valor que generan los proyectos de sus creadores, espacios y centros culturales, de las asociaciones profesionales y de todos aquellos organismos y entidades que trabajan en colaboración con el sector público. Esta ley modifica en efecto las bases generales en relación a la cuantía de subvención, la base tercera del OSIC (Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural) y la quinta del ICEC (Instituto Catalán de las Empresas Culturales).
Consideramos que esta disposición da cobertura al Gobierno catalán y puede perjudicar gravemente a las iniciativas y agentes culturales, dejándolas en situaciones de grave endeudamiento, al descubierto, y ante riesgos incontrolables. Es un paso más hacia un progresivo desmantelamiento del sector cultural que trabaja con voluntad de servicio público.
Esta disposición se suma a diversas circunstancias, que han ido fragilizando de manera muy inquietante el tejido cultural catalán, y que es fruto de una política cultural poco atenta a realidad de las iniciativas existentes o en construcción. Desde 2012 ha habido un retraso de más de 12 meses en el pago de las subvenciones, durante los cuales los proyectos y espacios afectados se están encontrando en situaciones muy delicadas para hacer frente a los gastos comprometidos, que incluyen no sólo la estructura propia sino también el pago a colaboradores y proveedores. Esta situación de endeudamiento ha adquirido un tono de ‘normalización’.
Si todos estos parámetros manifiestan de lleno la precariedad en la que está trabajando este sector clave que es la cultura, la nueva disposición transitoria añade la imposibilidad de pedir ningún tipo de crédito, ya que ninguna entidad bancaria aceptará el aval de un Gobierno que se reserva el derecho de no pagar. Además, la cantidad concedida puede ser retirada en todo momento, independientemente de si la actividad se ha desarrollado o no. Esto sitúa a los espacios en una posición insostenible: si ya parece difícil conducir unas negociaciones de crédito con un banco en base a una resolución administrativa que no tiene ninguna garantía, la perspectiva de asumir después una posible cancelación o una reducción del importe concedido pone en entredicho la viabilidad del esfuerzo a realizar.
La otra posibilidad es que las personas, patrones de fundaciones o miembros de las juntas de las asociaciones avalen el crédito con su patrimonio, como ya tuvieron que hacer algunos el año pasado, asumiendo personalmente el riesgo de que la Generalitat les delega. La situación en el sector no puede ser más insólita: se traslada el endeudamiento hacia los productores y particulares que están financiando toda la cadena de valor adscrita a la producción y creación contemporánea.
No pedimos ser tranquilizados por la buena voluntad del Departamento de Cultura de no llevarnos a una situación extrema: pedimos al Gobierno de la Generalitat, y en este caso, el consejero de Cultura Ferran Mascarell, una actitud responsable y no paternalista. Si lo que se prevé es un “ desastre” financiero, debemos poder contar con un presupuesto real y posible, y no cifras virtuales que provoquen deudas y conduzcan a muchos proyectos a un posterior cierre. Del mismo modo, creemos que el Departamento no debería hacer comunicaciones sobre cifras atribuibles a las ayudas al sector cultural, como es el caso actual, sino que las subvenciones otorgadas sean compromisos y contratos reales.
Estamos muy preocupados por las consecuencias de estas medidas, desde el momento en que se han hecho públicas, y especialmente por su posible cumplimiento. Por este motivo pedimos la derogación de esta ley y,o de la disposición transitoria.
Además, hace tiempo que el sector cultural denuncia la vía emprendida por el Gobierno de Cataluña a potenciar la “municipalización” de la cultura delegando sus competencias en este ámbito a los ayuntamientos. Esto está suponiendo un grave retroceso y la desvertebración de una escena ya muy frágil. Por otro lado, la situación se podrá agravar aún más si entra en vigor la nueva ley – aplicable a todo el ámbito español- de la Administración Local (LRSAL), la cual, contradictoriamente, desposee a los ayuntamientos de sus competencias en materia de cultura, entre otras cosas.
La coincidencia de todos estos elementos coloca al sector cultural de nuestro país en una situación de extrema debilidad, y queremos expresar nuestro malestar respecto a algunas acciones derivadas de las políticas que este Gobierno está poniendo en práctica frente a la cultura y la creación contemporáneas en Cataluña.
Barcelona, 7 de abril de 2014
Nota:
Con posterioridad a la redacción de esta comunicación, y en reunión con el Departamento de Cultura de la Generalitat el pasado 24 de abril, el gobierno nos manifestó que la disposición transitoria incluida en las bases de las subvenciones 2014 fue aprobada por el pleno del Parlamento de Cataluña y que afecta todas las líneas de subvención del gobierno. Así mismo, manifiestan que su voluntad es no tenerla que aplicar. En relación con la preocupación del sector para encontrar crédito para financiar el retraso en el pago de las subvenciones, el Departamento está dispuesto y se compromete a facilitar las negociaciones y los mecanismos para que esta disposición transitoria no impida la financiación de los proyectos que reciban una subvención.Ja fa dos anys que el Govern de Catalunya porta un retard de més de 12 mesos en el pagament de les subvencions en matèria de cultura, el que ha fet que molts projectes hagin hagut de tancar, reduir a mínims la seva activitat o demanar un crèdit al banc per poder afrontar les despeses del dia a dia. Aquest any, a més a més, les convocatòries de subvencions incorporen un nou precepte en què posa per manifest que la concessió definitiva d’una subvenció no és cap garantia de cobrar l’ajut.
A continuació, el comunicat públic del sector de la cultura davant d’aquesta situació de debilitament, que de manera progressiva està afectant tant els projectes com les estructures, al qual s’adhereix l’equip de Teatron, afectat per aquesta situació.
Per més informació, per adherir-vos al comunicat i per veure el llistat de signatures actualitzat:
http://comunicatadhesions.wordpress.com/
Comunicat
Les noves disposicions derivades de la llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, especifica que les subvencions atorgades, poden ser revisades i modificades totalment o parcialment, per salvaguardar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. A més a més, s’ha afegit una Disposició Transitòria que introdueix la possibilitat de modificar les resolucions de concessió, és a dir, les subvencions ja aprovades i concedides. Amb aquesta disposició, la concessió definitiva d’una subvenció no és cap
garantia de cobrar aquest ajut, i col·loca a les entitats i persones receptores en una situació contraria al principi de seguretat jurídica.
Els sota signants alerten que aquesta disposició obre la porta a situacions impossibles de resoldre pels actors culturals a Catalunya i, per tant, a l’empobriment radical de la creativitat i de la cadena de valor que generen els projectes dels creadors, dels espais i centres culturals del país, de les associacions professionals i de tots aquells organismes i entitats que treballen en col·laboració amb el sector públic. Aquesta llei modifica en efecte la base general en relació a la quantia de subvenció 3 de l’OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) i 5 de l’ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals), sobre la quantia.
Considerem que aquesta disposició dóna cobertura al Govern i pot perjudicar greument a les iniciatives i agents culturals, deixant-les en situacions de greu endeutament, al descobert, i davant de riscos incontrolables. És un pas més cap a un progressiu desmantellament del sector cultural que treballa amb voluntat de servei públic.
Aquesta disposició se suma a diverses circumstàncies, que han anat fragil.litzant de manera molt inquietant el teixit cultural del nostre país, i que es fruit d’una política d’abús iniciada ja el 2012. Des de llavors hi ha hagut un retard de més de 12 mesos en el pagament de les subvencions, durant els quals els projectes i espais afectats s’estan trobant en situacions molt delicades per fer front a les despeses compromeses, que inclouen no només l’estructura pròpia sinó també el pagament a col·laboradors i proveïdors. Aquesta situació d’endeutament ha agafat un to de ‘normalització’.
Si tots aquests paràmetres manifesten de ple la precarietat en què està treballant aquest sector clau que és la cultura, la nova disposició transitòria afegeix la impossibilitat de demanar cap tipus de crèdit, ja que cap entitat bancària acceptarà l’aval d’un Govern que es reserva el dret de no pagar. A més, la quantitat, concedida, pot ser retirada en tot moment, independentment de si l’activitat s´ha desenvolupat o no. Això situa els espais en una posició insostenible: si ja sembla difícil conduir unes negociacions de crèdit amb un banc sobre la base de una resolució administrativa que no té cap garantia, la perspectiva d’assumir després una possible cancel·lació o una reducció de l’import concedit posa en
entredit la viabilitat de l’esforç a realitzar.
L’altre possibilitat és que les persones, patrons de fundacions o membres de les juntes de les associacions avalin el crèdit amb el seu patrimoni, com ja van haver de fer alguns l’any passat, tot assumint personalment el risc que la Generalitat els hi delega. La situació al sector no pot ser més insòlita: es trasllada l’endeutament cap als productors i particulars que estan finançant tota la cadena de valor adscrita a la producció i creació contemporània.
No demanem ser tranquil·litzats per la bona voluntat del Departament de no arribar a trobar-nos en una situació extrema: demanem al Govern de la Generalitat, i en aquest cas, al conseller de Cultura Ferran Mascarell, una actitud responsable, i no paternalista. Si el que es preveu és un “desastre” financer, hem de poder comptar amb un pressupost real i possible, i no xifres virtuals que provoquin deutes i aboquin molts projectes a un posterior tancament. De la mateixa manera, creiem que el Departament no hauria de fer comunicacions sobre xifres atribuïbles als ajuts al sector cultural, com és el cas ara, sinó
que les subvencions atorgades siguin compromisos i contractes reals.
Estem molt preocupats per les conseqüències d’aquestes mesures, des del moment en què s’han fet públiques, i especialment pel seu possible compliment. Per aquest motiu demanem la derogació d’aquesta llei i, o, de la disposició transitòria.
A més, fa temps que el sector cultural denuncia la via empresa pel Govern de Catalunya a potenciar la “municipalització” de la cultura delegant les seves competències en aquest àmbit als ajuntaments. Això està suposant un greu retrocés i la desvertebració d’una escena ja molt fràgil. D’altra banda, la situació es podrà agreujar encara més si entra en
vigor la nova llei – aplicable a tot l’àmbit espanyol-de l’Administració Local (LRSAL), la qual, contradictòriament, desposseeix als ajuntaments de tenir competències en matèria de cultura, entre altres coses.
La coincidència de tots aquests elements col·loca al sector cultural del nostre país en una situació extremadament delicada, i volem expressar el nostre malestar respecte a algunes accions derivades de les polítiques que aquest Govern està posant en pràctica vers la cultura i la creació contemporànies a Catalunya.
Barcelona, 7 d’abril de 2014
Nota:
Amb posterioritat a la redacció d’aquesta comunicació, i en reunió amb el Departament de Cultura de la Generalitat el passat 24 d’abril, el govern ens va manifestar que la disposició transitòria inclosa a les bases de les subvencions 2014 va ser aprovada pel ple del Parlament de Catalunya i que afecta totes les línies de subvenció del govern. Així mateix, manifesten que la seva voluntat és no haver-la d’aplicar. En relació amb la preocupació del sector per trobar crèdit per finançar el retard en el pagament de les subvencions, el Departament està disposat i es compromet a facilitar les negociacions i els mecanismes perquè aquesta disposició transitòria no impedeixi el finançament dels projectes que rebin
una subvenció.reciban una subvención.For the last two years the Government of Catalonia has been delaying payment by more
than 12 months on grants for culture, a situation which has led many projects to close,
reduce their activities to a minimum, or seek loans from banks in order to cover daily expenses. This year’s open call for subsidies has even incorporated a new provision stating
that the awarding of a subsidy is not a guarantee that this subsidy is going to be paid.
Below is a public communication from the cultural sector in response to the current dismantling of public cultural policies by the government.
For further information, and if you would like to sign the public announcement,
please contact : http://comunicatadhesions.wordpress.com/
Public Communication
The new provisions arising from Law 2/2014 of January 27 relating to tax, administrative,
financial and public sector measures, specify that awarded subsidies may be reviewed
and modified in whole or in part, to ensure the fulfillment of the objectives for budgetary
stability and financial sustainability.
A transitional provision has been also added to this law which introduces the possibility of amending the resolutions of concession, i.e. subsidies already approved and granted. With this provision, the awarding of a subsidy is not a guarantee that this subsidy is going to be paid, which puts organisations and individuals that receive public
grants in a situation contrary to the principle of legal certainty.
The signatories want to bring awareness to the fact that this provision opens the door to situations that will be untenable for culture workers in Catalonia. The provision therefore sets the scene for the radical impoverishment of both creativity and the value chain generated by creators, cultural spaces and centres, professional associations and all those agencies and organisations around the country working in collaboration with the public sector. This law effectively amends the general rule regarding the amount of the subsidy awarded, as stated in the third general rule of the OSIC (Office for the Support
of Cultural Initiatives) and the fifth general rule of the ICEC (Catalan Institute of Cultural Industries).
We believe that this provision provides legal coverage for the Government and may seriously harm cultural initiatives and agents, leaving them in situations of serious debt, bank overdraft, and having to deal with uncontrollable risks. This represents a step towards a progressive dismantlement of the section of the cultural sector that works with a
public service vocation.
This provision comes in addition to various other circumstances which have weakened the cultural fabric of our country, being also the result of an abusive policy begun in 2012. Since then there have been delays of over 12 months in the payment of grants, during which time the affected projects and spaces find themselves in very difficult situations
attempting to deal with their costs, including not only staff but also payment to external collaborators and suppliers. However this situation of debt is now being “normalised”.
While this fully demonstrates the precariousness of a key sector such as culture, the new transitional provision further adds the impossibility of attempting to secure a loan, since no bank will accept as guarantee a government that reserves the right to not pay. Furthermore, the amount granted may be withdrawn at any time, regardless of whether the activity has been completed or not. This brings organisations to an unsustainable situation: if it is already difficult to conduct loan negotiations based on an administrative decision which has no guarantee, the idea of a possible cancellation or reduction of the awarded amount questions whether the effort is worth it.
Another option is that individuals, patrons of foundations, or board members of associations may endorse a loan with their own assets, as some have already done in the last year, personally assuming a risk delegated by the Government. The current situation in the sector is unheard of: debt is transferred to producers and individuals who are financing the entire value chain linked to contemporary cultural production and creation.
We do not want to be reassured by the willingness of the Cultural Department not to see any of these extreme situations come to pass. We ask the Government of Catalonia, and specifically the Minister of Culture Ferran Mascarell, to act responsibly and not patronisingly. If what they expect is a financial “disaster”, we should be able to have a real and feasible budget and not virtual figures that generate debts and force many projects to shut down. We also believe that the Department should not make communications based on figures apparently attributable to the cultural sector, as it has been doing lately, but ensure that granted subsidies constitute real commitments and contracts.
We have been very concerned about the consequences of these measures from the moment they were made public, especially because of the real possibility of their implementation. For this reason we ask for the repeal of this law and/or the transitional provision.
Furthermore, the cultural sector strongly dissaproves the Goverment of Catalonia’s increasing tendency to force the “municipalisation” of culture through delegating its responsibilities in this area to municipalities. This regressive tendency entails the dismembering of an already very fragile sector. Moreover, the situation may further be aggravated if the new law for Local Administration (LRSAL), which is applicable in all Spanish territories, enters into force. This new law paradoxically divests municipalities of having any responsibility in the field of culture, among others.
The coincidence of all these elements places the cultural sector of our country in an extremely fragile situation. We want to express our unease about the measures our Government is implementing against contemporary culture and creation in Catalonia.
Barcelona, April 7, 2014
Note:
Subsequent to the writing of this communication, and meeting with the Department of Culture of the catalan government on 24 April, the government said that the transitional provision in the rules for subsidies in 2014 was approved by the full Parliament of Catalonia, and affects all lines of government subsidies. Also, state that their aim is not to have to apply. Regarding the concern of the cultural projects to find credit to finance the delay in the payment of the subsidies, the Department is willing and committed to facilitate negotiations and other mechanisms for this transitional provision does not prevent the financing of projects that receive a grant.
